29_(2)

1. Introducción

El fenómeno político es complejo. Tal como dice Claude Le Fort, este resulta de un conjunto de hechos que pertenecen a órdenes diferentes, pero que, al mismo tiempo, se entrecruzan constantemente: hechos políticos, como actos y decisiones, lo que releva la cuestión de la autoridad y de la legitimidad de sus actos; hechos sociales, como organización de las relaciones sociales, posicionando la cuestión del lugar y de la relación que se instaura entre las élites y las masas; hechos jurídicos, como un marco que regula las conductas y que coloca la cuestión de la acción legisladora; por último, hechos morales, como un espacio de pensamiento de los sistemas de valores, lo que pone en cuestión la idealidad de los regímenes de gobierno para el bien de los pueblos.

Esto explica que, y en lo que respecta a su análisis, el fenómeno político sea objeto de estudio de diferentes disciplinas: las ciencias políticas (mucho más volcadas hacia los hechos políticos), la sociología política (más vinculada hacia los hechos sociales), el derecho (vuelto hacia los hechos jurídicos), la filosofía política (se interesa por los hechos morales). Lo anterior demuestra que no hay un dominio reservado acerca del estudio de lo político, como algunos pretenden hacer creer: debido al entrecruzamiento de estas dimensiones, se impone, en este campo, una interdisciplinariedad.

¿Y el discurso, me diría usted, dónde se sitúa? Este atraviesa todas las dimensiones del fenómeno político. Esto parecerá evidente por las dimensiones moral y jurídica (la definición de los valores y de las leyes se realiza con la ayuda de y a través del lenguaje), pero también por las dimensiones social y accional. Esto es lo que pretendo mostrar a continuación. Yo no podría evidentemente tratar el conjunto de cuestiones que implica la relación entre lenguaje y acción en el dominio político, si no demuestro cómo el lenguaje se une a la acción en el discurso político y cómo se encuentra este vínculo en las diferentes estrategias discursivas que se despliegan en este campo.

2. Lenguaje, acción, poder

Contrariamente a una idea que circula en el imaginario social y que opone la palabra a la acción (ya sea en la disimulación o en la eficacia), partiré de la hipótesis de que el discurso político (pero incluso todo tipo de discurso) no tiene sentido fuera de la acción, y que en la acción se juega, para el sujeto político (pero también para todo sujeto), el ejercicio de un poder. En La condición del hombre moderno, la filósofa Hanna Arendt dice: “La acción silenciosa no sería más acción porque no habría más actor, y el actor, el hacedor de actos, no es posible que sea al mismo tiempo un emisor de palabras” (Arendt, 1961, 1983, p. 235).

Discurso y acción son dos componentes del intercambio social, teniendo cada uno una autonomía propia, pero que se encuentran, al mismo tiempo, en una interrelación de interdependencia recíproca y no simétrica frente a la otra. Todo acto de lenguaje emana de un sujeto que no puede definirse sino en su relación con el otro, según un principio de alteridad (sin la existencia del otro, no habría conciencia de sí). En esta relación con el otro, el sujeto no ha parado de acompañar este otro con él mismo, según un principio de influencia, para que este otro piense, diga o haga según su intención; pero el otro teniendo su propio proyecto de influencia, arriesga que se produzca una confrontación entre los dos, lo que los conduce a gestionar su relación según un principio de regulación. Desde ese momento, se puede decir que todo acto de lenguaje es un actuar sobre el otro. Los principios de alteridad, de influencia y de regulación son principios fundadores del acto de lenguaje que se inscriben en un cuadro accional, en una praxeología.

Pero actuar sobre el otro no puede quedarse en una simple intención de hacer, de hacer decir o de hacer pensar. La intención se acompaña de una exigencia, la de ver la intención seguida de un efecto. Esta exigencia completa la intención comunicacional por un objetivo de acción que consiste en colocar al otro en una posición de obligación a ser ejecutada, es decir, en una relación de sumisión a la posición del sujeto que habla. Se puede, entonces, poner la cuestión de saber qué puede obligar al sujeto objetivo a actuar. Se plantea la hipótesis de que esta sea la existencia de una amenaza que planea sobre él y que arriesgaría colocarlo en una mala situación si rechazara obedecer, o bien, sea la existencia de una posible gratificación que él podría obtener si acepta someterse. Amenaza o gratificación constituye una sanción. Es esta posibilidad de sanción que confiere al sujeto hablante una autoridad. Desde que este es reconocido por el interlocutor, el proyecto de influencia adquiere una cierta fuerza de acción (la fuerza perlocutiva de los pragmatistas); del mismo modo, el sujeto objetivo está puesto en una posición de dominado, en cambio, el sujeto de autoridad en una posición de dominante, y, por lo tanto, los dos en una relación de poder.

En fin, se puede preguntar “en nombre de qué” el sujeto hablante tiene el derecho de exigir, en nombre de qué él puede ejercer una sanción y en nombre de qué el otro debe obedecer. Esto vuelve a fin de cuentas a preguntarnos sobre lo que funda la autoridad. El “en nombre de qué” reenvía a la cuestión de la fuerza de verdad que muestra el acto de lenguaje y que será susceptible de justificar lo que debe ser cumplido. Muchos casos se pueden presentar, pero se les acompañará con dos de base: la fuerza de verdad es de orden trascendental o personal.

De orden trascendental, la fuerza de verdad emana de un exterior al sujeto que le sobrepasa, una suerte de Tercero místico o de Gran Otro que representa y dicta la ley absoluta. Esto puede tomar diversas figuras: la figura de un poder que viene de más allá (el “derecho divino” de los reyes, de los jefes de Iglesias, de los profetas, incluso, de los gurúes); la figura de un poder resultante de la voluntad de los hombres, una entidad abstracta que ellos mismos han instituido como un tercero que los sobredetermina (el Pueblo, el Estado, la República, la Nación, incluso, el Progreso, la Ciencia, etc.), lo que Durkheim (1983) llama “el social divino”, el sujeto no es más que el delegado de esa voluntad general.

De orden personal, la fuerza de verdad es más limitada en la medida en que ella está incorporada al sujeto, como un atributo que le pertenecería en propiedad y le conferiría lo que se llama “una autoridad personal”, incluso, un “carisma” que le viene de su filiación (herencia), de su experiencia (el saber-hacer), de sus rasgos de personalidad (tipificación, heroización).

Por esta posición de los interlocutores del acto de lenguaje cuya interdependencia los inscribe en las relaciones de fuerza no simétricas, se puede decir que todo acto de lenguaje está unido a la acción y que es de esta manera que se construye el vínculo social.

3. La relación lenguaje-acción en el discurso político

¿Cómo esto se anuda en el discurso político? Entre los análisis que se realizan sobre el campo político, tres puntos de vista dominan en cuanto a la definición del poder: los de Max Weber, de Hannah Arendt y de Jürgen Habermas que se resumirán brevemente.

Para Max Weber (1971), el poder político está directamente ligado a la dominación y a la violencia, seguido de una hipótesis general: las relaciones humanas se fundan sobre las relaciones de dominante a dominado. El poder es, pues, poder de dominación que se acompaña de una cierta violencia, y, en la política, es el Estado que teniendo fuerza de dominación impone su autoridad a través de una violencia que tiene todas las apariencias de la legalidad y que obliga al otro a saberse dominado y, por tanto, a someterse: “El Estado no puede existir sino con la condición de que los hombres dominados se sometan a la autoridad reivindicada cada vez por los dominadores”.

Para Hanna Arendt (1972), en oposición a Weber, el poder político resulta de un consenso de una voluntad de los hombres de estar y de vivir en conjunto. En toda comunidad, los hombres están en relación los unos con los otros, dependiendo los unos de los otros y deben pensar y actuar en conjunto para regular su comportamiento y construir una posibilidad de vivir en conjunto. Es este “estar en conjunto” que funda el ‘hecho político’ en el cual poder y acción se definen recíprocamente: todo poder es un poder de actuar en conjunto. En esta perspectiva, el poder político no puede justificarse por la preocupación de dominación del otro, no puede ejercerse por la violencia, pues él no es sino un poder resultante de una voluntad común, poder recibido, concedido por el pueblo y los ciudadanos: “Cuando nosotros declaramos que alguno está en el poder, nosotros entendemos por esto que él lo ha recibido de un cierto número de personas para conducirlo en su nombre”. El poder político no se vincula, pues, con la opresión, sino con la libre opinión.

El punto de vista de Jürgen Habermas (1987) parece conciliar las dos perspectivas precedentes. En efecto, él propone distinguir un “poder comunicacional” y un “poder administrativo”. El primero existe fuera de toda dominación, el iniciador –y al mismo tiempo el depositario– en tanto el pueblo que le hace existir y circular en el espacio público. Así, se instaura un espacio de discusión en el cual los ciudadanos intercambian las opiniones por la vía argumentativa, formando así la “opinión pública”, fuera de toda tutela del Estado, “fuera de todo poder, en un espacio público no programado en vista de la toma de discusión, en este sentido organizado” (Habermas, 1987). En cambio, el poder administrativo implica siempre relaciones de dominación. Se trata, en efecto, de organizar la acción social, de regular mediante las leyes y de evitar o repeler (por las sanciones) todo lo que podría oponerse a esta voluntad de actuar. Así, se instituye un sistema político que tiende a defenderse contra toda tentativa de desestabilización y para esto, excluye, selecciona, busca ser eficaz e imponerse. En resumen, el poder comunicacional es lo que hace posible la construcción de un espacio político, colocando en escena la cuestión de la legitimidad, y el poder administrativo se funda sobre esta legitimidad, formando parte de una voluntad popular; es esta la que posiciona un dispositivo de realización concreta del poder, imponiéndose a aquellos mismos que la han fundado.

No es nuestra intención discutir cada uno de estos puntos de vista, lo que ya ha sido realizado por numerosos filósofos anteriormente. Sin embargo, desearía inscribirme en la propuesta de Habermas y añadir un aspecto, la de defender una concepción del lenguaje político que resulta dialécticamente de dos conjuntos que determinan dos tipos de actividad social: la actividad del decir político que corresponde al debate de ideas en el vasto campo del espacio público, lugar donde se intercambian las opiniones; la actividad del hacer político, corresponde a la toma de decisiones en el campo más restringido del espacio y donde se realizan los actos.

Estos dos campos se legitiman recíprocamente, pero a diferencia de Habermas y de Arandt –y, sobre todo, de Weber que no ve sino un solo campo, aquel donde se ejerce “una violencia legítima”, en el cual se fundan legitimidad y autoridad–, se añadirá, entonces, que cada uno de ellos se define según las relaciones de fuerza y un juego de dominación que le es propio. Cada uno lo hace mezclando lenguaje y acción, aunque con diferencias: En el primero (la actividad del decir), es el lenguaje que domina, mediante una lucha discursiva, en la cual todas las jugadas están permitidas (manipulación, proselitismo, amenazas, promesas, etc.), el objetivo es la imposición de una opinión; en el segundo (la actividad del hacer), es la acción como el lugar donde se ejerce el poder de actuar entre una instancia política que se dice soberana y una instancia ciudadana que, en todo momento, puede sentirse autorizada de pedir cuentas, el objetivo es una dominación hecha de reglamentación, de sanción y de reivindicación.

Si toda producción discursiva depende para su significación de los objetivos que determinan las finalidades sociales, se plantea, entonces, que se está tratando aquí con dos tipos de actividad discursiva: una volcada hacia las ideas y su fuerza de verdad (lugar de fabricación de las ideologías). Es lo político; la otra volcada hacia los actores y su fuerza de acción (lugar de fabricación de las relaciones de fuerza). Es la política. Se ve cómo, en el campo político, el lenguaje se une a la acción.

4. Palabras del campo político y estrategias discursivas

Yo deseo ahora mostrar las implicancias de tal presuposición (lenguaje-acción) sobre el análisis del discurso político. Aquí también yo me detendré en algunos aspectos.

El sujeto político se encuentra en una situación de enunciación “fuera del gobierno” (cuando se trata, por ejemplo, de acceder al poder siendo candidato en una elección) o de “gobierno2” (cuando está “en un cargo”), él tiene que actuar y comunicar, comunicar y conducir, pero con estrategias ligeramente diferentes, por el solo hecho de que se encuentra en posiciones de legitimidad diferentes. Pero en un caso como en el otro, diversos tipos de palabra (o estrategias discursivas) están a su disposición: palabra de promesa, palabra de decisión, palabra de justificación, palabra de disimulación.

La palabra de promesa (y su otro modo la advertencia) debe definir una idealidad social, portadora de un cierto sistema de valores y los medios para conseguirlo. Este discurso se ve a la vez idealista y realista (la conjunción de los contrarios). Pero, al mismo tiempo, esta estrategia debe ser creíble a los ojos de la instancia ciudadana; el sujeto que hace una promesa debe ser él mismo creíble, lo que le conduce a construirse una imagen (un ethos) de convicción. Finalmente, teniendo que sumar el mayor número de adherentes a su proyecto, el sujeto político busca impresionar a su público, apelando tanto a la razón como a la emoción, en diversas puestas en escena (declaraciones mediáticas, mítines, declaraciones escritas, panfletos, afiches, etc.): la estrategia de promesa-advertencia debe pues adherir, no tanto por una fuerza de verdad, sino por una fuerza de identificación a una idea, y a un hombre o a una mujer.

La palabra de decisión es esencialmente una estrategia de hacer algo que se funda sobre una posición de legitimidad. En el campo político, ella expresa tres cosas: (i) existe una desorden social (una situación, un hecho, un evento), el cual es juzgado inaceptable (que escapa a una norma social o a un marco jurídico existente, de lo contrario, no habría que aplicar la ley): ella enuncia una afirmación como: “esto no corresponde”; (ii) ella dicta que debe ser tomada una medida para resolver esta anormalidad y reinsertarla en un orden nuevo o en un nuevo marco jurídico: de ella emana una afirmación de orden deóntico, algo como: “se debe reparar”; (iii) revela, al mismo tiempo, la medida que se aplica en el momento de su enunciación: este es su carácter performativo.

La decisión de intervenir o no en un conflicto, la decisión de orientar la política económica en tal o cual dirección, la decisión de hacer cumplir las leyes, realizando actos que son posicionados por una estrategia decisional que significa a la vez anormalidad, necesidad y performatividad. Recordemos la declaración radiofónica del General De Gaulle a su regreso de Baden Baden, en mayo de 1968: “En las circunstancias presentes, yo no dimitiría, yo no cambiaría a mi Primer Ministro, (…). Yo disuelvo hoy mismo la Asamblea Nacional,…”. Todo está ahí: teniendo en cuenta el desorden social, surge la necesidad de un nuevo orden, el cumplimiento de una serie de actos por la propia proclamación.

La palabra de justificación aparece cuando toda toma de decisión, todo anuncio de acción –incluso en posición de autoridad– tiene una necesidad de ser relegitimado, debido al hecho de que esta ha sido demandada o requerida a causa de los adversarios políticos o de los movimientos ciudadanos. De allí una actitud discursiva que consiste en volver sobre la acción para otorgarle (o llamarle) su razón de ser. Numerosas declaraciones de Jefes de Estado, jefes de gobierno o de ministros a cargo de ciertas carteras, están destinados, frente a las críticas o a los movimientos de protesta, a justificar sus acciones (por ejemplo, el discurso dominante de los informes que hace el portavoz del gobierno a la salida de cada Consejo de Ministros). El discurso de justificación confirma lo bien fundado de la acción y abre la posibilidad de nuevas acciones que son la prolongación o la consecuencia. Una “ilustración y defensa” pero para proseguir la acción. No se trata ni de un testimonio ni de una confesión. Se trata de pasar de una posición eventual de culpable a una posición de bienhechor responsable de sus actos, justificando, al mismo tiempo, la continuación de la acción.

La palabra de disimulación es otro aspecto intrínseco al discurso político. Contrariamente a una idea que se esparce cada vez más, el actor político no dice nunca cualquier cosa. Él sabe que debe prever tres situaciones: las críticas de sus adversarios, los efectos perversos de la información mediática y los movimientos sociales que él debe intentar de neutralizar de manera adelantada. Se instala, entonces, un juego de enmascaramiento entre la palabra, el pensamiento y la acción que conduce a examinar la cuestión de la mentira en política.

Sabemos, hay mentira y mentira. El pensamiento filosófico lo ha dicho hace mucho tiempo. Sería una actitud ingenua pensar que la mentira es o no es y que se opone a una verdad única. La mentira se inscribe en una relación entre el sujeto hablante y su interlocutor. El discurso engañoso no existe en sí. No hay mentira sino en una relación en función del objetivo que recubre esta relación. Es un acto voluntario. Además, hay que considerar que la mentira no tiene la misma significación ni el mismo alcance, según sea el interlocutor singular o plural, o que el locutor hable en privado o en público. La escena pública da un carácter particular a la mentira.

Todo político sabe que es imposible que diga todo, en cualquier momento, y que diga las cosas exactamente como las piensa o realiza, porque sus palabras no deben obstaculizar su acción. Para intentar resolver este problema, aparentemente insoluble, muchas estrategias se le presentan:

a) La estrategia de lo vago. En el momento en que el político pronuncia las promesas o compromisos, él no sabe qué medios dispondrá ni cuáles serán los obstáculos que se opondrán a su acción. Él puede, entonces, hacer sus promesas y declarar sus compromisos, pero de manera vaga y a veces alambicada, esperando ganar tiempo, o apostando por el olvido de la promesa. Por ejemplo, un candidato a la presidencia de la República, puede declarar que desea dar prioridad a la investigación, y no mantener este compromiso una vez elegido: la acción está anunciada, pero no comprometida. Se trata, pues, de permanecer en lo vago, pero en un vaguedad que no hace perder la credibilidad. El político no puede fallar sobre este punto.

b) La estrategia del silencio, es decir, la ausencia de declaración: Se envían armas a un país extranjero; se realizan escuchas telefónicas en un ministerio; se hace hundir el barco de una asociación ecologista, pero no se dice ni se anuncia nada. Se tiende a la acción secreta. Se trata aquí de una estrategia que supone que anunciar lo que realmente se logrará a largo plazo provocará reacciones violentas que impidan la implementación de lo que se considera necesario para el bien de la comunidad. Es el mismo género de estrategia que a veces es empleado en los círculos militantes, cada vez que se trata de “no desesperar a Billancourt3” como lo habría dicho Jean Paul Sartre en el 68.

c) Un caso más claro es el de la estrategia de denegación. El político, atrapado en casos que son objeto de acciones legales, niega su participación o la de uno de sus colaboradores. En la eventualidad en la cual hubiera alguna responsabilidad en estos casos, niega volviendo a mentir, ya sea negando los hechos (el caso de los diamantes de Bakassa), ya sea expresando un falso testimonio (el caso de OM-Valencianas), lo único es que no se puede demostrar la implicación de las personas en estos casos.

Existe, sin embargo, una versión más noble de esta estrategia de denegación que es esta estrategia del “farolear”: hacer creer que se sabe, aunque no sabe y toma el riesgo de tener que aportar la prueba. Se recordará el debate Giscard-Mitterand de 1974, en el transcurso del cual Giscard ha amenazado a Mitterand de sacar de la cartera que traía consigo la prueba de sus alegatos (cuando el dossier no contenía sino páginas en blanco), lo que Mitterand también hará frente a Chirac en el debate de 1988.

d) Otra estrategia es la de la razón suprema: no se dice, se informa falsamente o se deja creer en el nombre de “la razón de Estado”. La mentira pública se justifica, entonces, porque se trata de salvar, en contra de la opinión o incluso de la voluntad de los propios ciudadanos, un bien soberano, o lo que constituye el cimiento identitario del pueblo sin el cual este se desintegraría. Platón (1966) defendía esta razón “por el bien de la República”, y algunos políticos han tenido que recurrir a esto –sería de manera implícita– en momentos de fuerte crisis social. Se tiene el sentimiento de que, en este caso, no se podría hablar de mentira, o bien, de lo que algunos llaman una “mentira piadosa” cuando se habla de un voto piadoso. Pues se trata de un discurso que, si se engaña al otro, es por su bien. Y el otro puede ser un pueblo para salvarlo. A menudo en el nombre de una razón superior es que se debe callar lo que se sabe o se piensa; en el nombre del interés común es que se debe saber guardar un secreto. De este modo, se puede entender lo ambiguo de “yo les he comprendido” lanzado por De Gaulle a la multitud de Argelia.

De todas estas estrategias, parece que solo la denegación puede ser, sin duda alguna, condenable porque ella toca el lazo de confianza, el contrato social, que se establece entre el ciudadano y sus representantes. Los otros casos pueden discutirse, tal como lo han hecho los pensadores de lo político4: Maquiavelo (1980), para quien el Príncipe debe ser un “gran simulador y disimulador”, de Tocqueville (1981) para quien algunas cuestiones deben ser sustraídas al conocimiento del pueblo que “siente más que razona”. Se podría incluso decir con algún cinismo que el político no tiene que decir la verdad, sino parecer que dice la verdad: el discurso político se interpone entre la instancia política y la instancia ciudadana creando entre los dos un juego de espejos: “Ojos en los ojos, yo lo refuto”, dijo Mitterand a Chirac.

5. Las condiciones de la palabra política

Si se quiere analizar el discurso político como producción lingüística en las relaciones de persuasión, hay que tener en cuenta tres tipos de condiciones que están inscritas en el contrato de comunicación política: condiciones de simplicidad, condiciones de credibilidad, condiciones de dramatización.

Las condiciones de simplicidad se direccionan a las masas, es dirigirse a un conjunto de individuos heterogéneos y dispares desde el punto de vista de su nivel de instrucción, de su posibilidad de informarse, de su capacidad para razonar y de su experiencia de la vida colectiva. Esto implica que se ponen en relieve los valores que pueden ser compartidos y sobretodo comprendidos por la gran mayoría, sin que se rompan los vínculos con el público. El político debe buscar cuál puede ser el más grande denominador común de las ideas del grupo al cual se direcciona, interrogándose sobre la manera de presentarlos: por lo tanto, debe simplificar, simplificar ideas y simplificar el razonamiento.

Simplificar las ideas no es cómodo y comporta un riesgo. No es cómodo porque las ideas se organizan en sistemas de conocimiento y de creencias que se entremezclan y complican su exposición. Simplificar es, pues, intentar reducir esta complejidad a su más simple expresión. Esto es lo que parece un riesgo, el riesgo de desembocar en una falsa verdad: “El tratado de Maastricht otorga el derecho de voto a los extranjeros y por lo mismo a todos los que arribaron legalmente o ilegalmente atravesando nuestras fronteras”, dice Jean Marie Le Pen (1992).

Simplificar el razonamiento conduce al orador político a abandonar el rigor de la razón en provecho de su fuerza. No se trata tanto de verdad sino de veracidad: decir, no lo que es verdad, sino lo que yo creo verdadero y lo que usted debe creer como verdadero. Así, surgen tres tipos de razonamiento causal susceptibles de ser comprendidos:

a) Uno, denominado principal, que plantea como principio de acción cuál es su propósito: “Porque usted quiere una Francia fuerte, usted votará por un proyecto liberal”5; no se dice aquí que se deba hacer un acto (votar) para obtener algo (una Francia fuerte), pero se postula ante todo el principio (una Francia fuerte) que debe arrastrar obligatoriamente (obligación moral) un acto determinado (votar). Este modo de razonamiento alude a hacer adherir a los individuos a un principio, una elección moral, que deberá constituir el fundamento de su adhesión al proyecto político que se les ha propuesto.

b) Otro, denominado pragmático, que plantea una premisa y brinda la consecuencia o el objetivo considerado. Una relación de causa y consecuencia, pero con un desplazamiento lógico de una causalidad posible a una causalidad ineluctable, que alude a hacer creer que no hay otra consecuencia que la enunciada, o ningún otro objetivo a perseguir que el anunciado.: “Si se bajan los impuestos, aumenta el poder de compra”6.

c) Un tercer tipo de razonamiento, denominado por analogía, puede ser el más frecuente en el discurso político, que procede de las comparaciones, en paralelo, de las homologías. Analogía con hechos que han tenido lugar (como si se tratara de una jurisprudencia): “¡Recordemos las huelgas del 95¡”, “América no conocerá un nuevo Vietnam”; recuerdo de la acción de grandes hombres de la historia para hacerlos hablar sobre las situaciones presentes: “De Gaulle habría votado la Constitución europea” o imaginar su desaprobación: “De Gaulle debe revolverse en su tumba”. Toda comparación es una trampa: ella es eminentemente subjetiva, pero en el discurso político es a menudo “esencializante”, es decir, portadora de un efecto de evidencia.

Las condiciones de credibilidad que conducen al sujeto político a fabricarse una imagen de sí, un ethos que debe servir de soporte de identificación para el auditorio: ethos de lucidez: “yo tengo conciencia de que…”; ethos de compromiso expresando su voluntad de conducir: “yo he entendido, y me comprometo a cambiar las situaciones de la política”; ethos de autoridad: “Como representante elegido por el pueblo, yo exijo la acusación del Presidente de la República”, el que ha sido respondido por un ethos de virtud: “Usted me conoce, todos los que me conocen saben que yo jamás he buscado enriquecerme personalmente”.

Finalmente, las condiciones de dramatización conducen al sujeto político a animar la escena de la vida política, empleando palabras y argumentos que hacen sonar, es decir, tocan la emoción del público: argumentos más o menos directos de amenaza: “Si se deja pasar la posibilidad de la Europa unida, no es solo su debilitamiento frente al poder de Estados Unidos, sino también el de nuestro país” ; argumentos que presentan un dilema: “De Gaulle o el caos”; argumentos por descalificación del adversario: “Hay algunos que recomiendan la abstención. ¿No tendrían ninguna opinión sobre Europa? “, o su contradicción:” Casi no hay ninguna, estabas en contra de la Europa de Maastricht, ¡y ahora estás celebrando sus beneficios!”.

6. Conclusión

La política es un dominio donde se juegan las relaciones de fuerza simbólicas por la conquista y la gestión de un poder. Si bien es cierto que todas las fases de este juego no deben ponerse al mismo nivel con respecto a una ética política, también es cierto que estamos aquí en la articulación de lo que son las dos fuerzas que animan la vida política: la idealidad de los fines (lo político) y la implementación de los medios para lograrlos (la política).

Pero hay que rendirse a la evidencia, el discurso político implementa más un incentivo para pensar y hacer que una intención de demostración. Habría una cierta ingenuidad en creer que el discurso del actor político está solamente volcado hacia la definición de una idealidad social. Se trata de establecer menos una verdad en razón, independientemente de las opiniones, que de buscar en transformar (o reforzar) las opiniones internalizadas de los creyentes. El discurso político es siempre un discurso direccionado, y del mismo modo, los receptores de este discurso, los ciudadanos, son en parte atraídos. Esta es la razón por la cual se puede decir que los pueblos son responsables –de una co-responsabilidad entre masas y élites– del régimen político en el cual ellos viven, y esto por la opinión pública interpuesta: este es el caso de la Francia de Vichy, como de la Francia de la colonización o la del 21 de abril de 2002.

La puesta en escena del discurso político oscila entre el orden de la razón y el orden de la pasión, mezclando logos, ethos y pathos para tratar de responder la pregunta que todos debemos preguntarnos: “¿Qué es lo que hace que yo deba adherir a tal o cual valor, tal o cual acción política (vía tal o cual partido, tal o cual personaje)?”. Se está en plena “subjetivación” de lo político, como dice Tocqueville, Foucault o Deleuze, una subjetivación que hace entremezclarse inextricablemente afecto y racionalidad, historias personales e historias colectivas, espacio público y espacio privado, religión y política, sexo y poder.

Entonces, la perversidad del discurso político es que debe mantener en latencia la coexistencia de una “deseabilidad social y colectiva” sin la cual no puede haber búsqueda de un bien soberano, y de un “pragmatismo” necesario en la gestión del poder sin el cual no puede haber avanzado en torno a esta realidad, o mentira verdad, como lo ha dicho Aragón a propósito del acto literario? Entran aquí en colisión una verdad de las apariencias puesta en escena por el discurso y una verdad de las acciones implementadas por las decisiones. En el discurso político, los dos se fundan en un “verosímil” sin el cual no habría acción posible en el espacio público. Esto puede ser uno de los fundamentos de la palabra política.

Referencias Bibliográficas

Arendt, H. (1961,1983). Condition de l’homme moderne. Paris: Calman-Lévy.

Arendt, H. (1972). Du mensonge à la violence. Paris: Gallimard,

Charaudeau, P. (2005). Le discours politique. Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert.

Charaudeau, P. (2014). Le discours politique. Les masques du pouvoir. Limoges: Lambert-Lucas.

Durkheim, E. (1968). Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: PUF.

Emediato, W., Machado, I., Menezes, W. (2006). Análise do discurso: géneros, comunicaçao e sociedade. Belo Horizonte: Núcleo de Análise do Discurso, Programa de Pós-Graduaçao em Estudos Lingüisticos, Facultade de Letras da UFMG.

Habermas, J. (1987). Théorie de l’agir communicationnel. Paris: Fayard.

Le Pen, M. (1992). “Discours du serment de Reims”, Présent, 11, 12 et 14 septembre.

Machiavel. (1980). Le Prince. Paris: Flammarion.

Platon. (1966). La République. Paris: Garnier-Flammarion.

Tocqueville, A. (1981). De la démocratie en Amérique. Paris: Flammarion.

Weber, M. (1971). Économie et société. Paris: Plon.

Notas

1. Este texto es una conferencia que dictó el autor en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, el 2006, basándose en algunas partes de su obra Le discours politique. Les masques du pouvoir, publicada en 2005 (existe una nueva edición de 2014). Asimismo, ha aparecido una versión en portugués de la presente conferencia (Emediato et al., 2006). Por último, el autor ha facilitado la versión original del texto para la traducción de esta primera versión en español, así como su correspondiente autorización para publicarla.

2. Para esta distinción entre “con gobierno” y “fuera del gobierno”, ver nuestro Le discours politique (2005).

3. Una frase atribuida a Sartre, que, según él, nunca habría pronunciado.

4. Platon, B. Gracian, Machiavel, H. Arendt, J. Habermas, etc..

5. La redacción es siempre del tipo “Es porque ... eso ...”.

6. La redacción aquí es del tipo “Si ..., entonces ...” o “Esto ..., en vista de eso”.

7. También es el argumento del “dedo meñique en el engranaje” (Plantin, 1996, L’Argumentation, Seuil, Paris) y el “pie en la puerta” (Beauvois y Joule R.V., 1987, Petit traité de manipultion à l’usage des honnêtes gens, University Presses of Grenoble, Grenoble.)